Edouard Joseph, 80. Pidió su pensión en 2002 y no la ha recibido aún. Desyerba el campo de seis de la mañana a cuatro de la tarde. Posa para un retrato en la base de una de las viviendas que destruyó la empresa cuando se dieron cuenta de que su población era demasiado vieja para seguir trabajando.
Levin Moesies, 78, posa para un retrato en el campo de caña donde trabaja desyerbando desde las seis de la mañana hasta el mediodía.
Texto de Indhira Suero Acosta
Miles de cañeros haitianos siguen a la espera de sus pensiones luego de décadas de arduo trabajo en los campos azucareros de República Dominicana. Cada quince días protestan frente a varias instituciones gubernamentales. Las respuestas tardan, mientras la miseria y las enfermedades los consumen. En agosto pasado, seis organizaciones de la sociedad civil dominicana firmaron un comunicado para exigir al Estado y al empresariado un compromiso firme por la dignificación de las condiciones de vida, el respeto a los derechos laborales y libertades de los trabajadores de la caña. Esta es una continuación a la cobertura en República Dominicana.
Es domingo 21 de agosto de 2022 y Jesús Núñez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros, sale del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter, en Santo Domingo, República Dominicana. Lleva un vendaje blanco del lado izquierdo del cuello. Los bultos que tenía en esa zona crecieron hasta volverse cancerígenos. Acaban de darle tratamiento en esa área, pero las protuberancias ya se adueñaron de sus brazos y otras partes del cuerpo.
Su hija lo acompaña. No es aconsejable que Jesús maneje. Aun así, este hombre alto y delgado no abandona el liderazgo del movimiento social que reclama al Estado dominicano la entrega de pensiones a miles de haitianos que llegaron a este lado de la isla La Española durante la mejor época de la industria azucarera, pasaron años trabajando, la mayor parte de ellos picando caña, pero no reciben el dinero que les corresponde por su jubilación.
Con Jesús y los cañeros nos encontramos hace algunos meses para realizar un primer reportaje para Gatopardo sobre la situación de esta comunidad, parte de una serie especial sobre poblaciones afrodescendientes en el Caribe. La publicación, difundida también en medios locales, tuvo reacciones en las redes sociales, aunque la mayoría de los comentarios fueron negativos y reiteraban que República Dominicana no puede hacerse cargo del “problema haitiano”.
Algunos de esos comentarios son estos: “Es Haití que los debe documentar, no nosotros, ¿por qué quieren pertenecer a un lugar que no los quiere? Tengan vergüenza, exíjanle a su jungla, sanguijuelas es lo que son”; “Como debe ser, ¡RD y sus bienes para los dominicanos! #vivaRD”; “Los cañeros haitianos deben ser deportados”; “No hay persona más racista que un negro. Tú sabes el porqué de nuestros conflictos. Ustedes son malagradecidos, yo conozco haitianos blancos y tengo el mismo rencor o resentimiento por ellos que tengo por los de tez negra”.
Organismos como el Observatorio Migrantes del Caribe (Obmica) y la Agencia de la ONU para los Refugiados mostraron interés en el texto. El Obmica lo recomendó en su boletín mensual y la Agencia de la ONU me convocó a una reunión para conversar sobre mi experiencia reportando sobre los cañeros y las limitaciones que enfrentan en el país, debido al tipo de problemáticas que abordan. De igual forma, la Organización Internacional para las Migraciones me invitó a presentar la crónica en el Foro Ciudad, Periodismo y Migración en Santo Domingo. Ese espacio generó una sesión de preguntas y respuestas entre periodistas, representantes de oenegés y funcionarios del gobierno sobre los retos en el abordaje de la investigación de temas migratorios en República Dominicana. Entre los presentes había dudas sobre cómo presentar y hacer atractivas propuestas de historias sobre la migración haitiana a sus editores y comentarios sobre las dificultades que tienen al enfrentar sus propios prejuicios en el tratamiento de textos sobre haitianos y haitianas.
Hoy es un día gris, con unas nubes cargadas de agua que amenazan con desprenderse del cielo. Mientras ofrece detalles sobre su diagnóstico, Jesús muestra una foto en la pantalla de su celular: un papel en el que se lee “cáncer maligno”. Dice que pasó tres años yendo al médico para que le dieran medicamentos para el dolor y que nunca le advirtieron que lo que padecía podía ser cáncer de ganglios linfáticos. Recién hace unos días, cuando su médico salió del consultorio, Jesús tomó una foto a los resultados que el hombre dejó descuidados sobre la mesa y así se enteró de su enfermedad. Tiene la esperanza de poder tratarse en Cuba. Una organización amiga le ofreció llevarlo a ese país para ayudarlo con su tratamiento. El próximo miércoles 24 de agosto le entregarán los documentos para empezar con los trámites.
El martes 23, bajo la consigna de “Sin cañeros no hay azúcar” protestará con un grupo de trabajadores de la caña frente a la Dirección General de Migración. Esta vez los braceros no acudirán al frente de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) para exigir la añorada pensión, como suelen hacer, sino que se apostarán ante Migración, ya que también demandan la apertura de un plan de regularización, el cese de deportaciones de trabajadores en los ingenios Central Romana, CAEI y la empresa Alcoholes Finos Dominicanos, así como la entrega de cédulas a 379 cañeros que recibían su pensión y que ahora tienen suspendidos los pagos.
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Hace unas semanas, periódicos dominicanos informaron que, el 19 de julio de 2022, los congresistas demócratas estadounidenses Earl Blumenauer y Dan Kildee presentaron una declaración respecto a “denuncias relacionadas con trabajo forzoso en la industria azucarera dominicana”. Los legisladores informaron que, hace más de diez años, una denuncia laboral presentada en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana solicitó al gobierno de Estados Unidos que investigara la industria azucarera. Por ese motivo, se reunieron con trabajadores y funcionarios dominicanos y encontraron que —aunque se constataron “avances importantes para abordar el trabajo infantil y reducir la trata de personas”— persisten indicadores de labor forzosa.
“Vimos las arduas condiciones de trabajo y de vida que soportan los cortadores de caña de azúcar para producir azúcar para nuestro consumo. Viven con sus familias en asentamientos de vivienda proporcionados por la empresa, llamados ‘bateyes’, en condiciones duras y deficientes”, se lee en una nota que dieron a la prensa. Ambos parlamentarios indicaron que, aunque la empresa Central Romana, que concentra la mayor producción de azúcar en el país, reconoció que sus instalaciones necesitan mejoras, “una cultura del miedo parece impregnar la industria, donde los supervisores de la empresa, los guardias armados y los funcionarios de un sindicato no representativo vigilan a los trabajadores tanto en los campos como en los bateyes”.
Ante esa nota de prensa, senadores de los tres principales partidos políticos dominicanos cuestionaron las declaraciones, calificándolas como un atentado a la soberanía dominicana y diciendo que estos legisladores tienen intereses en la industria del azúcar y pretenden “afectar los intereses comerciales de República Dominicana”.
En agosto de 2022, seis organizaciones de la sociedad civil dominicana firmaron un comunicado en respaldo al informe de los legisladores de Estados Unidos y exigieron que tanto el Estado como el empresariado, sin la necesidad de alertas externas, asuman un compromiso firme por “la dignificación de las condiciones de vida, el respeto a los derechos laborales y libertades de las/los trabajadores de la caña”. Además, pidieron implementar un Plan Nacional de Regularización de extranjeros y la entrega de pensiones a trabajadores del sector.
En octubre de 2022, al intentar salir del país para tratar su enfermedad en La Habana, Cuba, a Jesús lo detuvieron por dos horas en el Aeropuerto de Las Américas y fue llevado a la Fiscalía del Distrito. Le informaron de una sentencia emitida en agosto de 2018 por el Tribunal de Ejecución de la Pena de Santo Domingo que prohíbe que salga del país. Según el dirigente, nunca le informaron sobre esa sentencia. Al final, pudo viajar solo con un permiso provisional de tres meses. Semanas más tarde, el 11 de noviembre, el mandatario Luis Abinader emitió el decreto 688-22 para la prevención y persecución de invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y el Estado, pero dirigido exclusivamente a aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado.
De acuerdo con un comunicado emitido por veinte organizaciones de la sociedad civil, el presidente ha amenazado con aumentar el ritmo de las deportaciones de personas haitianas y ha emitido el peligroso decreto 668-22 que habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas. “Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno”, menciona la carta.
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En el Batey 108, a unos 140 kilómetros de la capital del país, las gallinas y sus pollitos revolotean sobre montañas de basura. Del Batey 108 solo queda el nombre. En 2008, Central Romana lo demolió para crear un nuevo espacio en otro lugar, ya que en ese solo quedaban ancianos. Desde el 13 de marzo de 2022, la última vez que los cañeros más añosos se reunieron allí para hablar con Gatopardo sobre la lucha que llevan adelante para cobrar sus pensiones, algunas cosas cambiaron. Ahora hay montones de desperdicios acumulados en las ruinas de lo que solía ser el batey, al parecer por el aumento de la población y porque el camión de la basura no pasa. Antes no los había. En el barrio cercano a las ruinas unos jóvenes construyen una casita de madera que se yergue, esplendorosa, como muestra de la nueva vida.
El 21 de agosto, doce cañeros se agrupan bajo la sombra de un gran árbol. Entre ellos están Francisco Ble, que todavía se aferra al Batey 108 aunque lo expulsaron de ahí junto a otros adultos mayores cuando ya no podían trabajar más; Ive Cahio, un líder entre sus compañeros; Ousmane Desire, con modales finos y agradables; Cebien Metellus, coordinador de la Unión, y Solan Excelan, imponente con una camisa color fucsia. Todos atienden a las palabras de Jesús Núñez que, con su vendaje en el cuello, advierte que la situación de los cañeros está mucho más difícil.
—Este gobierno, el 26 de septiembre 2020, nos invitó al ingenio Porvenir y movilizamos un total de once guaguas, de madrugada, y se comprometió [a solucionar el tema de los cañeros]. Luis Abinader dijo: “En mi gobierno voy a hacer justicia y pagaré la pensión sin esperar el presupuesto del próximo año”. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones no aceptó que la palabra de Abinader se hiciera realidad. Les dijo: “No marchen con Jesús Núñez, que les vamos a dar la pensión en 2021”. Los cañeros les creyeron esos cuentos y nos quedamos sin pensión.
Unas gotas de agua caen del cielo gris y amenazan con callar a Jesús. Uno de los cañeros mira hacia arriba y antes de que abra la boca para alertar sobre la inminente lluvia, esta cae sobre el grupo, cruel y burlona.
El panorama actual se torna más delicado que la última vez que nos encontramos con este grupo por el aumento de las deportaciones y el discurso de odio que cada día toma más auge con relación a los haitianos. Por otra parte, parece haber una falta de entendimiento de las autoridades actuales sobre el aporte social y económico de los cañeros en el país. Esos tres aspectos se suman a la situación de caos que se vive en Haití debido a la guerra entre bandas armadas por ganar control del territorio en Puerto Príncipe, la capital de esa nación.
El declive de Haití no es nuevo, pero cada semana que pasa, la situación empeora. Desde hace décadas, diversos organismos alertan sobre una inminente debacle. Para los ancianos, regresar a su país no es una opción viable.
Los reportes más recientes datan de abril y mayo de 2022, periodo en el que, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, las pandillas mataron a unas 226 personas e hirieron a 254. En agosto, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió, en un comunicado oficial, sobre un aumento en la cantidad y el calibre de las armas contrabandeadas de Florida a Haití en los últimos meses. A esta situación se suman desplazamientos forzosos, violaciones y otros abusos en los que la policía no interviene “por falta de personal y equipo”.
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Con las ropas empapadas por la lluvia, los cañeros encuentran refugio en una pequeña iglesia hecha de zinc y maderas viejas. En el lugar, sin muebles, tan solo se encuentra un perro flaco que huye cuando ve llegar a la pequeña multitud de cañeros.
Unas luces cenitales dibujan círculos en el rostro de los hombres. El calor húmedo hace que la iglesia se sienta como un infierno. En medio de la incomodidad, Elías, un anciano de estatura baja y complexión débil, asegura: “Yo trabaja cultivando, aunque sea poco”. Dice que nació en 1952 y que solicitó su pensión en 1914. Ante la confusión, producto de la demencia, le pregunto una vez más: “¿En qué año solicitó su pensión?”, a lo que responde:
—1914.
Uno de los cañeros le cuestiona, en una mezcla de criollo haitiano y español:
—Nan quil age ou solicitó? (¿A qué edad la solicitó?)
—1914 —repite Elías.
Mientras tanto, Ive Cahio, de 69 años, comenta:
—La esperanza de nosotros es con Jesús, que hace la diligencia. Aquí cada vez que él dijo vamos allá a marchar, siempre decimos que sí. Tenemos esperanza en él que está luchando por nosotros.
A su lado, Alexander Raymon, de setenta años, concuerda.
—Luis Abinader no está en nosotros y, sin embargo, cuando yo vine aquí hice zafra en 1973, en el ingenio Consuelo. [El ingenio] me dio un saco y una mocha sin lima pa’ pica la caña. Yo piqué y se me hinchó lo brazo.
Como a los demás miembros del grupo, a Alexander le descontaron parte de su magro sueldo para los aportes a una pensión y un seguro de salud. Ahora, sin ninguna de las dos cosas, ciego y sin dinero, siente que no morirá pronto y se pregunta cómo vivirá durante los años que le quedan.
Tividon Jaque, de 65 años, sembró, cultivó y carreteó caña de azúcar en el Central Romana. Su español es más fluido porque llegó al país a los once. Hace unos años abandonó su labor en las calderas del ingenio porque las fuertes llamas le afectaron los ojos.
—Ahora que estamos más viejos no quieren saber de nosotros. Nos botan de la casa [bateyes] porque no servimos para na’. Yo fui a la caja del seguro a reclamar y a ver cómo estaba mi pensión. Allá me dijeron que eso estaba en búsqueda. Hasta un número me dieron para llamar y llamé por cinco ocasiones y ellos nunca me agarran ese teléfono —dice con los ojos rojos y aguados en medio de un murmullo de disgusto de sus compañeros.
Benoble Joseph, otro de los presentes, aprovecha el espacio para relatar su situación. Un gorro de lana verde con cuadros de líneas negras adorna su cabeza. Llegó a trabajar a República Dominicana en 1966, bajo el contrato de los presidentes François Duvalier y Joaquín Balaguer. A Benoble lo operaron de la próstata en 2010. Duró tres meses “fuera de servicio”, pero sigue cultivando de seis a once de la mañana en los campos de azúcar.
Una sonda blanca sale de su pantalón. Benoble no puede andar sin ella.
—Trabajo sin pensión, sin nada, rogando a Dios para que nos dé la vida de este señor [Jesús], porque el único que fue nuestro defensor fue él. Si se muere, ya jodimo’, pero mientras que estoy vivo, después de Dios, él es nuestro defensor.
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Mientras se aleja de lo que queda del Batey 108, Jesús asegura que —a pesar del cáncer que lo aqueja— la batalla por la pensión y los derechos de los cañeros continúa. Ya designó nuevos voceros en los bateyes de La Agua, Santa Rita, Palavé y Baiguá, que ocuparán su posición en lo que dure su tratamiento. Entre los montones de basura de las ruinas sobresalen algunos bagazos, el residuo que queda de los tallos de la caña luego de extraerles el jugo azucarado. Durante la zafra, el hambre hace que algunos cañeros chupen lo poco que queda de la planta después de la molienda. El grupo que Jesús defiende lo hizo numerosas veces bajo el despiadado sol del Caribe.
La migración haitiana genera tensiones en República Dominicana, donde se calculan cerca de quinientos mil migrantes. Gran parte de sus vecinos cree que ellos son uno de los problemas más graves que tienen, por el constante flujo de migración y porque los desplazan en empleos en el campo, en el turismo y en el servicio doméstico. Durante los años cincuenta y ochenta, en el apogeo de la industria azucarera, miles de haitianos llegaron aquí para cortar caña y se establecieron en comunidades donde hoy viven hacinados los viejos braceros y sus descendientes, sin pensiones ni papeles.
El 8 de marzo de 2022, frente al Congreso Nacional de República Dominicana, el sol quema y los minutos pasan con desagradable lentitud para el grupo de trabajadores de ingenios azucareros que exige con pancartas el pago de sus pensiones. Se encuentran en Santo Domingo, capital del país. Hay entre ellos más hombres que mujeres, porque la industria de la caña es principalmente masculina. Una mujer lleva un pañuelo con los colores de la bandera haitiana. Hace años cruzaron la frontera que divide Haití, la región más pobre del continente americano, de República Dominicana, una nación más próspera y la de mayor crecimiento económico de la región del Caribe. Según datos del Banco Mundial, Haití tiene un PIB de 2 925 dólares estadounidenses y una pobreza de 58.5%. Dominicana, en cambio, un PIB de 17 936 dólares y 21% de población en condiciones de pobreza. Los trabajadores están cansados, pero repiten con fuerza los cánticos de protesta que durante años han resonado frente a cada institución del Estado ante la que se han manifestado:
¡Sin cañeros, no hay azúcar!
¡Sin cañeros, no hay azúcar!
Hoy no hay maltratos. La policía no les ha echado baldes de agua fría como en ocasiones anteriores. Tampoco les esperaban grupos nacionalistas, como aquellos del 15 de noviembre de 2021. Movimientos extremistas que intentaron frustrar la protesta de los cañeros frente al Palacio Nacional armados con machetes y cuchillos. En esa ocasión, debido a la actitud de los nacionalistas, la policía impidió que el grupo de cañeros se acercara a la casa de Gobierno. Ellos han trabajado en la industria azucarera durante décadas y la pensión no siempre llega, a pesar de que la mayoría trabajó en los años de mayor apogeo del sector, como en la década de los setenta, cuando la caña lideraba 90% de las exportaciones y era la principal fuente de divisas del país.
Han trabajado en la industria azucarera durante décadas y la pensión no siempre llega, a pesar de que la mayoría trabajó en los años de mayor apogeo del sector, como en la década de los setenta, cuando la caña lideraba 90% de las exportaciones y era la principal fuente de divisas del país.
Aunque, a través de los años, en mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el Estado ha reconocido la deuda histórica con los trabajadores cañeros, un informe de 2019 del Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (Obmica) detalla que estos migrantes haitianos cotizaron por mucho tiempo los montos correspondientes a su seguridad social y que, tras gestionar sus solicitudes de pensión, llevan años sin recibir una respuesta. “Los atrasos se deben en gran parte a que las cotizaciones de estos trabajadores no fueron traspasadas completamente al Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) por parte de la entonces Corporación Estatal del Azúcar —hoy Consejo Estatal del Azúcar (CEA)— y los trabajadores no cuentan con certificaciones que comprueben el tiempo y salario por el cual laboraron. Para los envejecientes sin documentos de identidad es particularmente difícil tramitar sus pensiones, ya que se les exige presentar actas de nacimiento legalizadas y copias de cédula para procesar su solicitud”, dice el documento.
Entre quienes sujetan las pancartas está Félix Gabriel, de 65 años, que llegó a los doce para trabajar en el ingenio Central Río Haina. Hizo todo tipo de trabajos en la caña y ahora es la caña la que lo tiene destruido.
—Nunca conseguimos nada. Ni pensión ni documentos ni
medicinas —dice.
Estos cañeros pasaron sus vidas entre los campos de azúcar y los bateyes, comunidades alejadas de las principales ciudades de República Dominicana en las que viven, generalmente, braceros haitianos o sus descendientes. Territorios a los que la sociedad y los gobiernos consideran como “un país dentro de otro”, por estar aislados, entre plantaciones de caña de azúcar —lo que dificulta la integración— y porque 90% de sus habitantes es extranjero.
—Día vini, día se va. Hay que ver qué hace el Gobierno, porque cuanto [sic] nosotros llegamo’ aquí, llegamos legal. Con un contrato —repite Félix.
A su lado, Luiman Yan, un hombre de 72 años, se seca el sudor de la frente con un pañuelo rosado. El sol arde, cruel y castigador.
—Nou lá men un sel gen papel¹ —se lamenta la mujer en creole, la lengua criolla basada en el francés que se habla en la nación vecina de Haití.
Levanta sus brazos y pide:
—Señor, manda un ayuda. Nou ye beni, mesi, Bondye.²
La protesta dura apenas media hora. Luego de finalizar, cada uno de los cañeros regresa a sus bateyes.
***
El concepto tradicional del batey se rompió desde mediados de los ochenta, porque ese espacio comenzó a cambiar por el decaimiento de los ingenios, desplazados por otras industrias como la del turismo. Con la expansión de las ciudades, varios bateyes crecieron, transformándose en barrios y distritos municipales. En el país hay un listado de 411 bateyes: 270 pertenecen al CEA y 141 a los consorcios azucareros Central Romana y Vicini. De esa cantidad, el Central Romana tiene 101. No hay registro de la cantidad de braceros haitianos que viven en ellos. En los que pertenecen a ingenios que aún funcionan, los trabajadores no deben pagar alquiler en las casas y barracones que se les destinan, pero la estadía en ellas se condiciona a que sean trabajadores activos. Los barracones consisten en casas largas, generalmente construidas de zinc y madera, aunque las hay también de block, divididas en cuartillos.
Las noches son muy oscuras en el batey, al igual que la piel de quienes allí habitan. “Ser de batey siempre ha sido un estigma en la sociedad dominicana, porque está asociado, primero, a pobreza extrema, y segundo, al tema haitiano”.
Los bateyes se caracterizan por sus condiciones socioeconómicas deplorables. El hacinamiento de los barracones, el desorden en la planificación urbana y el descuido del Estado con respecto a los servicios básicos afectaron a estos espacios y muchos de ellos carecen de escuelas y hospitales; tampoco poseen dispensarios. En algunos, hay una ambulancia, en caso de que un picador de caña resulte herido durante su trabajo; en otros se envía, cada quince días, personal para consultas médicas. No hay transporte público y el servicio de electricidad es exclusivo de los superiores.
Las noches son muy oscuras en el batey, al igual que la piel de quienes allí habitan.
—Ser de batey siempre ha sido un estigma en la sociedad dominicana, porque está asociado, primero, a pobreza extrema y segundo, al tema haitiano —dice la socióloga Tahira Vargas.
Muy en el fondo, después de los barrios marginados, se encuentra el batey.
André Sis, 83, lleva 61 años trabajando en el país. Llegó a República Dominicana con la última migración de trabajadores que trajo Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Solicitó la pensión en 2002 y, mientras espera, sigue laborando.
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La relevancia de la industria azucarera empezó en República Dominicana a finales del siglo XIX, cuando los norteamericanos, con la Primera Intervención de 1916, favorecieron la instalación de ingenios. Años más tarde el dictador Rafael L. Trujillo se adueñó personalmente de la mayoría de esas instalaciones, que convivieron con los ingenios Colón, Angelina y CAEI —propiedad de los Vicini, una familia de raíces italianas—, que todavía representan una porción importante de la manufactura y poseen más de medio millón de hectáreas de tierra. Luego se instaló el ingenio Central Romana, que a principios del siglo XX era la South Porto Rico Sugar Company. En la actualidad, es el productor más importante (en 2021 anunció una producción de 396 288 toneladas azúcar, luego de moler más de 3 358 000 toneladas de caña).
Desde la década de los cincuenta y hasta los ochenta, entre los gobiernos de ambos países había un proceso abierto de contratación de mano de obra haitiana. Los contratos estipulaban que los braceros tenían que trabajar seis meses en la zafra. Al terminar, los empleadores debían repatriarlos. Para ese periodo necesitaban un permiso de residencia. Algunos migrantes lo obtuvieron. Otros, no. Aunque la estadía era por seis meses, una práctica común era pedir una determinada cantidad de braceros y tan sólo regresar a algunos de ellos. Además, la mayoría se quedaba en las zonas cañeras, porque los siguientes seis meses se destinaban a preparar la próxima cosecha.
La época de apogeo no fue eterna. Luego de que, en los setenta, República Dominicana se colocara “entre las primeras diez economías mundiales azucareras con actividad en dieciséis ingenios, sobrepasando la producción de azúcar de un millón de toneladas”, a partir de los ochenta, otros sectores, como el turismo, desplazaron a la industria cañera. Ahora apenas representa 2% de la economía.
La caída de los precios internacionales y la deficiente situación de los ingenios, luego del asesinato de Trujillo en 1961, hicieron que Catarey, Consuelo, Santa Fe, Quisqueya, Porvenir, Ozama, Boca Chica, Amistad, Barahona, Monte Llano, Esperanza y Central Río Haina, que eran propiedad del dictador, pasaran a manos del Estado, bajo el control de la Corporación Azucarera Dominicana.
Pero, en 1997, con la Ley 141-97, muchos de esos ingenios pasaron al sector privado en una modalidad de arrendamiento. La mayoría fracasó, porque su mantenimiento era muy costoso. En la actualidad, sólo pertenecen al Estado el ingenio Barahona, arrendado al Consorcio Azucarero Central, y el de Porvenir, en San Pedro de Macorís. Hay dos privados: Central Romana, del Grupo Central Romana Ltd., y Cristóbal Colón, del CAEI.
Hasta 1980, la República Dominicana olía a caña.
Ya no.
En las plantaciones el trabajo es duro. Se divide entre jefes, mayordomos, supervisores y pesadores. A éstos les siguen los carreteros, boyeros, vagoneros y fumigadores. Por último, los picadores de caña. La jornada laboral alcanza catorce horas diarias en tiempo de zafra (desde las cinco de la madrugada).
“Debido a su avanzada edad, [los excañeros] tienen menos posibilidades de movilizarse fuera del entorno azucarero en busca de alternativas de trabajo para subsistir; además, muchos están enfermos y dependen de la caridad de familiares y conocidos para poder comer —cita el informe de Obmica—. También se ha reportado que algunos no tienen donde vivir, ya que, al dejar de ser trabajadores activos para los ingenios, han sido despojados de sus viviendas”.
En 2011 el Centro de Investigación para la Acción Femenina hizo un estudio sobre indicadores de trabajo forzoso en el sector de azúcar y encontró horas laborales excedidas de los límites legales, falta de días de descanso, trabajo infantil, confinamiento físico en el lugar de trabajo, coacción psicológica, endeudamiento inducido, falsas promesas, retención e impago de salarios y retención de documentos de identidad. Además, detectó “pruebas de violencia física contra el trabajador, deportación, despido, exclusión de trabajos futuros y privación de alimentos y vivienda”.
En 2021 quince legisladores del Subcomité de Comercio Internacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos redactaron una carta al congresista Earl Blumenauer, quien remitió un comunicado al presidente Joe Biden donde denunciaba “condiciones de trabajo forzoso” en la industria azucarera dominicana. Once congresistas dominicanos de provincias con producción azucarera salieron a la defensa de la industria y advirtieron sobre las consecuencias negativas de esa acusación para el país. Hasta el momento no hay información sobre los resultados de esta denuncia.
Edouard Joseph, 80. Pidió su pensión en 2002 y no la ha recibido aún. Desyerba el campo de seis de la mañana a cuatro de la tarde. Posa para un retrato en la base de una de las viviendas que destruyó la empresa cuando se dieron cuenta de que su población era demasiado vieja para seguir trabajando
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La figura de Jesús Núñez, dominicano y presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros (UTC), siempre se distingue en cada protesta. El 28 de febrero de 2022 está en el local de la Confederación Nacional Unidad Sindical. Lleva, como de costumbre, una boina y camisa con las mangas enrolladas hasta los codos. Trabajó desde los ochenta en Central Río Haina y en la Escuela de Formación Obrera, pero ya entonces notó que los sindicatos de República Dominicana albergaban sólo a trabajadores dominicanos y a ningún migrante haitiano. Decidió ayudar a esos cañeros a luchar por sus derechos hasta que en 2009 fundó la UTC.
Hace un momento le avisaron de la muerte de Pepe Sanó, del batey Santa Lucía, que llegó en 1957 y falleció sin pensión a los 87 años.
—[En 2012, antes de concluir su gobierno] el mandatario Leonel Fernández lanzó un decreto de 2 185 pensionados, entre ellos, 608 haitianos. [Ese mismo año] en el decreto que dio el presidente Danilo Medina, de 1 028 inmigrantes haitianos, pensionó a ochocientos —dice Jesús.
Según datos de la CIDH, hasta finales de noviembre de 2017 la UTC había realizado 308 manifestaciones, concentraciones y vigilias para reclamar los derechos laborales de los antiguos cañeros. Aunque se calcula que 2 709 trabajadores cañeros que obtuvieron su residencia permanente recibieron sus pensiones, la UTC estima que más de cinco mil trabajadores que depositaron sus expedientes siguen a la espera de una autorización.
Según la investigadora Natalia Riveros, en un reporte para Obmica, algunos de los trabajadores afectados por la falta de pensión se organizaron a través de la Unión para que su lucha tuviera más visibilidad y realizaron marchas pacíficas esporádicas. Para protestar en el centro de la capital del país, los cañeros recorren grandes distancias, ya que la mayoría de sus comunidades se localiza a más de dos horas, en zonas como Monte Plata, El Seibo, Barahona o La Romana. La Unión no les paga transporte y los trabajadores reúnen el dinero para el pasaje por cuenta propia. Según Jesús, una de las condiciones que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado (DGJP) puso para la entrega de pensiones a los cañeros fue que no se movilizaran con la Unión.
A inicios de 2022, mediante el decreto 819-21, el actual presidente Luis Abinader concedió 484 pensiones. En 2020 jubiló y asignó una pensión mensual por diez mil pesos dominicanos (181 dólares) a 295 extrabajadores de ingenios. Jesús asegura que en ninguno de esos decretos hay migrantes haitianos.
El director general de la DGJP, Juan Rosa, dice que, contrario a lo que sostiene el sindicalista (que Abinader no ha pensionado a braceros extranjeros), el Estado pensionó a 779 trabajadores haitianos de un listado de 1 600. Sostiene que, en una reunión con Jesús Núñez, le propuso que llevara por grupos a quienes tuvieran su documentación, pero que éste se puso de pie “y me dijo que me olvidara del listado y que le pensionara a seiscientos de ellos sin revisar, a lo que contesté que trajera a los seiscientos, que si eran cañeros se los íbamos a pensionar, y nunca los trajo”.
En las plantaciones el trabajo es duro. “Debido a su avanzada edad, [los excañeros] tienen menos posibilidades de movilizarse fuera del entorno azucarero en busca de alternativas de trabajo para subsistir; además, muchos están enfermos y dependen de la caridad de familiares y conocidos para poder comer ”.
Una nota de prensa de la DGJP, en enero de 2022, informa que debido “al hallazgo de múltiples elementos que constituyen tipos penales como estafa, asociación de malhechores, falsificación de documentos y suplantación de identidad en su manejo ante la DGJP”, Rosa depositó una denuncia ante el Ministerio Público contra Jesús Núñez. No hay noticias sobre el avance de esta situación.
Jesús niega las acusaciones. Asegura que las autoridades gubernamentales acostumbran nombrar comisiones para evaluar la situación de los cañeros, pero que al cabo de cinco o siete meses las cambian, lo que impide el adecuado seguimiento de los casos. Para él, de todos modos, la participación en la lucha y los reclamos están condicionados por unos bultos que crecen lentamente en su cuello.
—Dicen que son cancerígenas. Voy para el Instituto del Cáncer mañana. Si la salud no me ayuda y tengo que irme para el cielo, que se sepa que nunca nos vendimos ni hicimos negociación con el Gobierno.
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Del Batey 108, en la localidad de El Seibo, a unos 140 kilómetros de Santo Domingo, la capital, sólo quedan las estructuras de las casas que durante años albergaron a los cañeros. Una valla de alambres de púas separa esas ruinas de un barrio que todavía no tiene nombre y por el que el tren que recoge la caña pasa de noche porque, según sus habitantes, de día “mataba gente y animales”. Hoy ya no es un batey. En 2008 el ingenio Central Romana decidió demolerlo debido a que, según afirman los cañeros, la mayoría de la población era de adultos mayores, con pocas fuerzas para trabajar. Al nuevo batey llevan trabajadores jóvenes.
El 13 de marzo de 2022 diez cañeros se encuentran en esas ruinas junto a Jesús para coordinar las próximas marchas. Por órdenes del Central Romana tienen prohibido reunirse en terrenos de los bateyes de la provincia de La Romana. Entre el grupo sobresale la voz de Francisco Ble, de setenta años, el último cañero del Batey 108 original. Aunque lo sacaron cuando la demolición, se quedó en el nuevo barrio y vive de los trabajos que hace en el día a día.
Ousmane Desire, de 73, comenzó a tener problemas con su vista y la presión arterial, y la compañía lo retiró del trabajo este año. Espera su pensión desde hace doce años. La última vez que fue a Santo Domingo a reclamar a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, le dijeron que lo llamarían, que no gastara dinero en pasaje.
—Esa gente fue a buscar a nosotros para vender en el camino. Ahora no quiere dar nada a ninguno. Si no por la buena gente, yo tuviera morí [sic].
A Francisco lo interrumpe la tos constante de otro de los cañeros.
—Dicen que Jesús se queda con nuestro dinero, pero eso es mentira.
Ive Cahio, otro de los presentes, dice en voz alta que vio un programa de televisión en el que se decía que Jesús tomaba la pensión de los cañeros y sólo les daba la mitad. Entonces, Jesús le responde al resto del grupo:
—Aquí Jesús no está en juego. Quieren que caigamos en ese tren y no podemos. Es la pensión de ustedes, que hicieron ricos a los centrales azucareros.
Cuando Francisco Ble llegó al país, en 1972, le pagaban un peso por tonelada. Al despedirlo del trabajo, 36 años más tarde, le dieron unos 1 200 dólares.
En febrero de 2022 el gobierno anunció el aumento, en un 100%, del salario de la jornada de trabajo de los cañeros. De los 198 pesos que les pagaban por ocho horas, pasaron a ganar cuatrocientos (unos siete dólares).
—Si eres un picador de caña y picas dos toneladas en un día y no la recogen [por cualquier motivo], no comerás en esa semana —explica Jesús—. Si cumplieran con las leyes laborales, pondrían una mano de obra desde la mañana hasta las cuatro de la tarde y otra desde la tarde hasta en la noche.
Una tonelada son unas dos mil libras de caña, de las que se obtienen alrededor de cuatro sacos de azúcar. Para cobrar, los trabajadores deben picarla, recogerla y trasladarla. El pago aumenta un poco si la cargan con las manos, ya que resulta más difícil. La otra alternativa es recogerla con máquinas. Algunos ancianos se dedican a cuidar la maquinaria del ingenio durante la madrugada y les pagan unos cinco dólares, pero los están suspendiendo de esas funciones.
En 1974, cuando Ive Cahio, que tiene 69 años, llegó a República Dominicana desde Haití, todavía no había hoteles de cinco estrellas en Punta Cana. Casa de Campo, un exclusivo complejo turístico ubicado a pocas horas de allí, se fundaría ese mismo año. A los veinte empezó a trabajar en el Ingenio Catarey. Luego, pasó al Central Romana. Hace dos años lo despidieron por vejez y enfermedad. Un día llegó y encontró sus pertenencias y unos pavos y gallinas que criaba fuera de la casita en la que vivía. Como ya no trabajaría en Catarey, no podía vivir en el batey. Y todavía no recibe respuesta acerca de su pensión.
—Estoy esperando para ver si sobrevivo. Tengo que gastar, yo no, las hijas mías, dos mil pesos mensuales de medicina. Tengo una pastillita que vale 1 512 y la de la azúcar, compro la ma’ barata.
Ive duró diecinueve años como capataz de fumigación, hasta que en 2020 enfermó de los pulmones. Ahora vive con sus hijas.
—¡Suerte a Dios yo había comprado antes una casita de zinc, pero es mío, nadie me puede sacar ahí!
Al lado de Ive, Ousmane Desire, de 73, se mantiene con los brazos cruzados. Comenzó a tener problemas con su vista y la presión arterial, y la compañía lo retiró del trabajo este año. Espera su pensión desde hace doce años. La última vez que fue a Santo Domingo a reclamar a la DGJP le dijeron que lo llamarían, que no gastara dinero en pasaje. En la misma Dirección le recomendaron contactarse con Jesús. Unas de las gotas para los ojos que debe colocarse Ousmane cuestan cerca de 36 dólares. Su hijo mayor se las compra, pero lo que sus hijos le dan no alcanza para cubrir los gastos médicos ni para operarse la vista. Tampoco tiene seguro de salud.
Alejado del grupo, sentado, está Cebien Metellus, de 81, coordinador de la Unión. Un sombrero con lentejuelas plateadas esconde las canas en su cabeza. Como los demás, atravesó la frontera en un catarey, un camión para cargar bueyes, en 1951. Tenía diez cuando llegó al país y empezó atrabajar en el Central Río Haina. A los tres días de su llegada picó un montón de caña y le pagaron un peso con un centavo. Hace cinco semanas, lo despidieron del Central Romana con una liquidación de 85 000 pesos (1 544 dólares) y le quitaron el carnet de identificación. No explicó el motivo.
—Todos los meses tengo que dar viajes para la capital, pagando pasaje. En las mismas oficinas me dijeron que sin la ayuda de Jesús, era difícil que consiguiera mi pensión.
En el grupo hay varios que todavía trabajan. Entre ellos, Edouard Joseph, de ochenta años, que pidió su pensión en 2002 y aún no la recibe. Desyerba de seis de la mañana a cuatro de la tarde. También Levin Moesies, de 78, que llegó al país a los dieciséis. Levin fue picador; después, carreteaba con seis bueyes; y ahora, cultiva y limpia la caña. Le pagan alrededor de dos dólares por tarea y no siempre la termina en un día. Solicitó su pensión en 2006 y se sabe de memoria el número de su aplicación. De los allí reunidos, es uno de los pocos que no tienen hijos. Según Ive Cahio, los que no tienen hijos no están muy bien.
—La última hija mía, cada vez que estoy enfermo ella se me lleva en una motocicleta. Ella no espera la ambulancia ni na’. Por eso que soy vivo ahora.
Tras escuchar a Ive, Levin baja la mirada hacia el suelo terroso y se apoya en el paraguas que lleva entre las manos. El silencio invade al grupo mientras al fondo se escuchan las risas de unos niños que viven en el nuevo barrio y que juegan a lanzar aviones de papel.
Campo de caña de azúcar en La Romana, República Dominicana.
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La mayoría de los braceros haitianos que llegaron al país durante el apogeo de la industria, entre los años cincuenta y setenta, no ingresó de manera ilegal. Si el CEA necesitaba doce mil trabajadores agrícolas para el corte de la caña, el gobierno dominicano de turno emitía un decreto autorizando la entrada. En esos traslados intervenían entidades como la Fuerza Armada Dominicana, la Secretaría de Estado de Salud Pública, el Servicio Nacional para la Erradicación de la Malaria, el IDSS y la Dirección General de Migración. Pero esas instituciones contaban con muy poca información sobre esos braceros y no tenían voz en el procesamiento de migrantes.
—La parte que no se dice es que una gran parte de quienes consiguieron la pensión de trabajadores de la caña es porque buscones e intermediarios les cobraban por adelantado de a cinco mil pesos para que pudieran salir en la resolución que otorga la pensión. A los trabajadores todo el mundo les saca beneficio. Sobre todo, a los haitianos, porque ellos no pueden denunciar —dice Domingo de Peña, un dirigente obrero dominicano que trabajó en los ingenios.
Durante el “tiempo muerto”, el periodo entre cosecha y cosecha, el aroma de la caña molida deja de perfumar el cielo azul. No suena el prolongado silbato de la locomotora que lleva la carga de caña y los días se preñan de una calma que sabe amarga.
Domingo recibió su pensión, aunque fue difícil conseguirla. Asegura que, cuando se enteró de que no se la entregaban porque los empleados del IDSS querían una parte del dinero, se paró en la ventanilla 26 del Seguro Social y dijo: “¿A quién es que hay que darle los cinco mil pesos para que me salga?”.
Durante el “tiempo muerto” —el periodo entre cosecha y cosecha— el aroma de la caña molida deja de perfumar el cielo azul. No suena el prolongado silbato de la locomotora que lleva la carga de caña y los días se preñan de una calma que sabe amarga. Al terminarse la producción masiva de corte y tiro de caña, llega el momento de sembrar la próxima cosecha y preparar la tierra para la nueva vida.
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En el mismo día y espacio en que los trabajadores cañeros se agruparon frente al Congreso, Elena Lorac, de 33 años, se manifestaba pidiendo derechos para las mujeres de los bateyes y también la aprobación de las tres causales de aborto (cuando la vida de la madre está en riesgo, en caso de violación o incesto o por malformaciones del feto), ya que en República Dominicana se prohíbe totalmente. Ésta no es la única lucha de Elena. Como hija de migrantes que picaron caña desde finales de los setenta, su principal combate es la reivindicación de los derechos de los descendientes de haitianos afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que estableció en 2013 que a los hijos de extranjeros en situación irregular no les correspondía la nacionalidad dominicana. Esta decisión crea un gran problema para los ancianos cañeros. No cuentan con un apoyo para su vejez y los hijos no pueden mejorar esa situación porque, a su vez, carecen de papeles.
En 2007, cuando quiso renovar su acta de nacimiento para inscribirse en la universidad, le dijeron que no podían entregársela porque sus padres eran migrantes haitianos. La Junta Central Electoral aplicó la Resolución 02-2007 que solicitaba suspender la emisión de actas de nacimiento, cédulas y otros documentos a hijos de padres extranjeros en situación irregular. Decía “provisionalmente”, pero esa provisionalidad se volvió permanente y la Junta sacó a todas esas personas del registro civil dominicano y las llevó a un Libro de Extranjería, a pesar de haber nacido en este país.
La Junta afirmaba que a los hijos de los extranjeros se les había inscripto de manera irregular, porque sus padres no poseían documentos. Esto aunque la Constitución Dominicana tenía el jus solis (derecho a suelo por haber nacido en territorio nacional), excepto para los hijos de diplomáticos o migrantes en tránsito.
Cuando un migrante haitiano declaraba a sus hijos recién nacidos, mostraba el carnet expedido por el CEA o el ingenio para el cual trabajara. Algunos, nada.
Para el proceso de desnacionalización, la Junta los identificó mediante el apellido: Pierre, Jean, Duval, entre otros de origen francés.
El principio de la desnacionalización se dio en 2004, cuando la joven Juliana Deguis presentó un recurso judicial debido a que la Junta le negó su acta de nacimiento por ser hija de migrantes haitianos. A partir de ahí inició un largo proceso. En 2010 Deguis realizó una acción de amparo en la que sus abogados recurrieron a la primera instancia para que la Junta entregara la documentación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional demoró varios años y esa acción de amparo, que esperaban que se resolviera a favor de ella —y que, por consiguiente, ayudaría a miles de descendientes haitianos en situación irregular—, resultó en la dictaminación, en 2013, de que se borraría del registro civil a “todos aquellos cuyo nacimiento se registró por parte de padres migrantes sin estatus migratorio regular entre 1929 y 2010”. Sobre el caso de Juliana Deguis, tras varias apelaciones, la Suprema Corte determinó en 2021 que ni ella ni sus hijos son dominicanos.
—Llega el tiempo para ir a la universidad y no puedes —dice Elena Lorac—. Te dicen “nacionalízate como haitiano”, pero la embajada haitiana no te reconoce como haitiano, ya que nacimos en República Dominicana. Si logras hacerlo, tienes que pagar tu educación en dólares [como corresponde a los extranjeros].
Desde 2011 trabaja en los bateyes con Reconocido, una organización que defiende los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana, a quienes se les niegan servicios de salud, empleo, educación y derecho al voto.
Las críticas a la sentencia del Tribunal Constitucional hicieron que el Gobierno emitiera la Ley 169, de 2014, que divide a los jóvenes en dos grupos: A (descendientes que ya poseían acta de nacimiento, cédula o pasaporte) y B (descendientes que no figuraban en el Registro Civil). Al grupo B se le ofreció como solución inscribirse en un Plan de Regularización con la promesa de que, después de dos años, serían naturalizados. Pero a casi catorce años de eso, todavía no hay una sola persona naturalizada.
Para los del grupo A se ordenó entregar un acta de nacimiento que los acreditara como dominicanos. No obstante, cuando se elaboró la ley, la Junta transcribió los registros que llevó al Libro de Extranjería a un nuevo Libro de Transcripción, tornando todo aún más confuso: como no se pueden tener dos registros, la Junta demanda a las personas por duplicidad de actas. Las mismas que ésta generó. Aunque se calculaba que 61 000 personas saldrían beneficiadas por la Ley 169, menos de la mitad recuperó su documentación. Otros no encajan en ninguno de los dos grupos, por haber nacido tras la sentencia.
En 2013, todos esos jóvenes, en su mayoría oriundos de bateyes e hijos y nietos de cañeros, estaban en una misma dirección. Como un montón de hormigas caminando en fila detrás del preciado dulce. Hoy, después de la división entre grupo A y B, ya no tanto.
Casa de Levin Moesies en República Dominicana.
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El profesor Manuel Núñez pasa sus tardes en un supermercado que lleva por nombre el Nacional. Sentado a una mesa del café de ese establecimiento, este experto en temas de historia y geopolítica destaca entre los presentes por el alto tono de su voz.
Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en La Sorbonne, se doctoró en la Universidad de las Antillas y Guyana y ganó dos veces el Premio Nacional de Ensayo. Al igual que el vocero de los cañeros, Manuel Núñez lleva una boina. Una camisa azul le da un toque de suavidad a su piel oscura. Sostiene que aún se enfoca la migración haitiana con los parámetros de hace setenta u ochenta años y, aunque la labor azucarera sigue, él dice que no es así.
—Es imposible que se hable de pensionados cuando la actividad tiene cuarenta años descontinuada. El CEA ya no existe y el Central Romana pensiona a los once mil que tiene —dice y se detiene para pedirle a una de las dependientes del café que conecte su teléfono. La batería no anda muy bien. Hace varios días que le da problemas.
Manuel Núñez es un defensor del muro de hormigón armado de 160 kilómetros de extensión que República Dominicana empezó a levantar en la frontera en febrero de 2022. Tendrá unas 170 torres de vigilancia, 71 puertas de acceso y una estructura metálica con una altura de 3.90 metros. Él cree que la migración haitiana es el más grave de los problemas dominicanos, que le quitó a los oriundos del país empleo en el sector agrícola, la construcción, el turismo y el servicio doméstico. En 2018 la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas aseguró que es difícil para el sector de la construcción cumplir con la ley laboral (que indica que 20% de los empleados debe ser extranjero), ya que el dominicano prefiere otro tipo de trabajo. Entre 60% y 70% de la mano de “obra gris” en ese sector es haitiana. Manuel tampoco cree que los descendientes de cañeros haitianos nacidos en los bateyes sean dominicanos.
—Una vez que tienen papeles, ¿qué debemos hacer nosotros?, ¿colocarnos debajo para que nos orinen? Los dominicanos no somos responsables de Haití. Tampoco los franceses ni los estadounidenses. Los responsables de Haití son los haitianos.
A través de los años diversas encuestas y reportes periodísticos evidencian la tensión en las relaciones entre ambos países. Según éstos, la ciudadanía tiene la percepción de que la migración haitiana es mayor que las cifras oficiales, que rondan los quinientos mil migrantes, conforme a un sondeo de la Oficina Nacional de Estadística.
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Es un sábado de marzo de 2022 y Edilio Peña maneja un minibús blanco que se adentra rápido en el camino de los cañaverales. Una pequeña multitud de niñas y niños de un batey del municipio de Guaymate los espera a él y al equipo de la Fundación Paniba —que dirige Peña— para recibir clases y un almuerzo. La Fundación también aporta alimentos mensualmente a veinte ancianos que no tienen pensión ni familia. Cuando fallece alguno, le fabrican un ataúd, ya que a veces el ingenio no lo proporciona.
—Están sueltos en el batey con la ayuda de Dios. Se nutren con los vecinos, que cuando cocinan les pasan un poco de comida —dice, con un leve acento creole.
Edilio emigró desde Haití solo, a los doce, en 1973. Trabajó en los campos de caña y luego diecisiete años en el Departamento de Agronomía del CEA. Todavía no tiene una pensión. Sus cotizaciones no aparecen.
Hace una parada en su recorrido para darle un aventón a una joven del batey que camina sola entre los cañaverales. La chica carga un pollo muerto que hace que el vehículo huela a podredumbre.
Aunque en la lista que tiene el equipo de la Fundación hay 55 inscritos, este sábado hay más de cien. Por la lluvia, los reúnen en una pequeña iglesia, donde se permiten estos encuentros. El sábado es el único día en que estos niños pueden estudiar, ya que para llegar a la escuela deberían caminar casi tres kilómetros. Entre la muchedumbre, una niña de seis años sale a la puerta y extiende sus brazos al aire. Cierra con fuerza los ojos y exclama:
—Gracias a Dios por abrir su llave!
La mayoría de los pequeños que están allí reunidos carece de documentación.
“Una vez que tienen papeles, ¿qué debemos hacer nosotros?, ¿colocarnos debajo para que nos orinen? Los dominicanos no somos responsables de Haití. Tampoco los franceses ni los estadounidenses. Los responsables de Haití son los haitianos”.
Batey en La Romana, República Dominicana, donde residen trabajadores de la caña y sus familiares.
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—Uno no vive mal, pero ni tan bien —dice Xiomara, que lava en el patio de su casa mientras sus tres niños están en la iglesia con la fundación de Edilio.
Como ella, las demás mujeres aprovechan para lavar sus ropas. Algunas, a mano, y las que tienen plantas eléctricas, en lavadora. Porque en los bateyes no hay electricidad. Sólo la tienen los “centrales”, en los que viven los funcionarios de los ingenios.
En este batey hay barracones para hombres solteros, sin hijos, con una ventana y una sola puerta. Los que tienen familia viven en casas con dos habitaciones, una sala y cocina. Hay dos baños para toda la comunidad y unas cinco letrinas. No tienen inodoros.
—La compañía no quiere cargar con nadie. Por eso no quiere a los viejos trabajando —dice Xiomara.
Una vecina le comenta:
—A la gente que ya tiene pensión, que no le den casa, Xiomara
Ella responde:
—Que alquilen, porque si le dan una mensualidad [pensión] que ellos se pueden ayudar, no tienen derecho a casa.
Mientras tanto, los niños del batey aprenden a escribir en español y juegan en creole.
—Gadé!³ —grita uno de los pequeños que avanza en su bicicleta.
Unas niñas muestran a Edilio, orgullosas, la manualidad en la que trabajaron: una bandera dominicana hecha con cartón y rellena de “coditos” de pasta corta. Tan frágil como su nacionalidad y la pensión de sus abuelos y sus padres.
Este reportaje se realizó con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.
[1] Nou lá men un sel gen papel: “Estamos aquí, pero sólo uno tiene documentos [papeles que regularicen su situación migratoria]”.
[2] Nou ye beni, mesi, Bondye: “Somos bendecidos, gracias, Señor”.
[3] Gadé: “Mira”.